Presenta Semarnat iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, presentó la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. La propuesta plantea la abrogación integral del marco normativo vigente desde 1988 —el cual no ha tenido una actualización sustancial en casi 40 años— con el fin de encarar desafíos contemporáneos como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.
“Es una ley humanista y cercana a la gente. Provee herramientas novedosas para ríos, da certeza jurídica a comunidades e inversiones, integra avances científicos, innovación y tecnología, y combina los saberes ancestrales para fortalecer la prevención”, destacó Bárcena al explicar que el objetivo central es garantizar el derecho a un medio ambiente sano bajo un esquema de justicia ambiental.
Nuevos instrumentos y régimen de sanciones
Aunque el proyecto aún no se ha ingresado formalmente al Congreso de la Unión, la titular de la Semarnat detalló los pilares que estructuran esta modernización de la política ambiental en México:
Evaluación Ambiental Estratégica: Se suma como herramienta clave para analizar planes, programas y proyectos de infraestructura nacional desde sus fases iniciales.
Fortalecimiento Institucional: Creación de una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad como eje rector y la regulación de la CONABIO como un organismo público descentralizado.
Endurecimiento de Sanciones: El nuevo régimen contempla multas de hasta 7.5 millones de Unidades de Medida y Actualización (UMA), monto equivalente a cerca de 880 millones de pesos.
Registro de Infractores: Operará un nuevo Registro de Infractores Ambientales, mediante el cual las personas o entidades sancionadas enfrentarán restricciones regulatorias adicionales.
Gobernanza y Restauración: Incorporación formal de conceptos como adaptación, compensación ambiental y valoración económica de los daños a los ecosistemas.
El paquete de reformas busca cambiar de fondo los procesos de evaluación de impacto, el otorgamiento de permisos y las estrategias de cumplimiento ambiental en todo el territorio nacional una vez que sea turnado y debatido por el Poder Legislativo.
