CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la posibilidad de que Estados Unidos impulse acciones legales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al respecto, la mandataria aclaró de forma tajante que cualquier procedimiento de extradición deberá sustentarse estrictamente en pruebas y seguir los mecanismos bilaterales establecidos entre ambas naciones.
Sheinbaum explicó que el Gobierno de México cuenta con la facultad legal para analizar cualquier petición de esta naturaleza. De este modo, la administración federal determinará si existen los elementos suficientes para proceder conforme a derecho.
"El análisis de una eventual solicitud dependerá exclusivamente de los elementos jurídicos que sean presentados por las instancias competentes y no de consideraciones políticas", enfatizó la titular del Ejecutivo.
En caso de que México determine que no existen elementos suficientes para respaldar una solicitud de extradición, la presidenta indicó que las autoridades estadounidenses quedarían en libertad de desarrollar un proceso judicial dentro de su propio sistema legal. No obstante, remarcó que incluso en ese escenario, corresponderá a las agencias de Estados Unidos presentar las pruebas que sustenten cualquier acusación.
Estas declaraciones ocurren en un contexto de constantes cuestionamientos de la prensa sobre posibles investigaciones a actores políticos y funcionarios públicos, un tema que mantiene el debate abierto tanto en México como en el extranjero.
Durante su intervención, la mandataria recordó que —más allá de cualquier procedimiento de carácter internacional— existen indagatorias que corresponden de manera exclusiva a las instituciones mexicanas encargadas de procurar justicia. En ese sentido, destacó el papel autónomo de la Fiscalía General de la República (FGR) como la autoridad responsable de conducir las líneas de investigación existentes en el territorio nacional.
Por ahora, el avance de cualquier posible solicitud de extradición o procedimiento judicial quedará sujeto a las evidencias que eventualmente presenten las autoridades competentes y a las resoluciones que adopten los tribunales encargados de impartir justicia en ambos países.
